Tras una acción popular interpuesta por la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Personería de Armenia, el Tribunal Administrativo del departamento declaró al Río Quindío sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración, desde su nacimiento hasta su desembocadura.
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Las entidades alegaron que con la infraestructura existente no se logra abarcar todas las necesidades que garantizan la protección del río “como fuente abastecedora de agua potable de Armenia, sin que se haya minimizado el impacto de los vertimientos aguas arriba de la bocatoma que surte de líquido vital a los ciudadanos, amenazando con una emergencia sanitaria como se ha evidenciado con las constantes suspensiones por parte de Empresas Públicas de Armenia”.
Como respuesta a la acción popular, el Tribunal Administrativo ordenó al gobernador del Quindío ejercer la tutoría y representación de los derechos del río a través de la Secretaría de Aguas e Infraestructura.
Así mismo, solicitó al mandatario garantizar la protección, recuperación y debida conservación del afluente hídrico. Además, velar por la debida operación y funcionamiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), que se encuentran ubicadas en el curso del río, para evitar su contaminación.
También pidió al municipio de Salento y al departamento de Quindío, adelantar las gestiones administrativas, técnicas, presupuestales, operativas y contractuales para implementar, construir y poner en funcionamiento la PTAR en la vereda Boquía.
El Tribunal Administrativo además concedió el amparo de los derechos colectivos de la población de Armenia y dispuso la recuperación del área forestal protectora que se encuentra intervenida.
Con el fallo se manifestó la necesidad de conformar un Comité Técnico de Verificación, del cual hará parte el Tribunal Administrativo de Quindío y será dirigido por el Ministerio Público.
