Un grave hecho de orden público se registró en el departamento del Cauca este fin de semana, luego de que 45 militares del Ejército Nacional fueran secuestrados en zona rural del municipio de El Tambo, en el corregimiento de Honduras, vereda Los Tigres.
De acuerdo con la información preliminar, se trata de oficiales, suboficiales y soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 4 (FUDRA 4), quienes fueron abordados por la comunidad local en medio de una operación militar que se desarrollaba en el área. Según versiones oficiales, estas personas habrían actuado bajo presión o manipulación de la estructura Carlos Patiño, una facción de las disidencias de las Farc liderada por alias ‘Iván Mordisco’.
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Las Fuerzas Militares rechazaron de manera categórica el hecho y lo calificaron como una grave violación de los derechos constitucionales, además de tipificarlo como un delito de secuestro. En un comunicado, el Ejército anunció que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes con el fin de esclarecer lo ocurrido y responsabilizar a los autores intelectuales y materiales de esta retención masiva.
Asimismo, se solicitó la intervención inmediata de los organismos defensores de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, para garantizar la integridad de los uniformados y facilitar su liberación en el menor tiempo posible.
Por el momento, el Ejército mantiene presencia en el territorio y adelanta gestiones diplomáticas y operativas para restablecer el orden en la zona, que se ha convertido en un punto estratégico para las estructuras armadas ilegales que buscan controlar corredores de narcotráfico y economías ilícitas.
Este nuevo episodio revive la alerta sobre la difícil situación de seguridad en el Cauca, uno de los departamentos más golpeados por la violencia de los grupos armados. Cabe recordar que en junio pasado se presentó un hecho similar, cuando 57 militares fueron secuestrados durante una asonada en el Cañón del Micay, también en jurisdicción de El Tambo. En esa ocasión, tras varios días de tensión, los uniformados fueron rescatados por las autoridades.
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Las comunidades del suroccidente del país, en medio de la presión de actores armados, se han convertido en un factor determinante para frenar o bloquear la acción de la fuerza pública. Esta práctica, según las autoridades, no solo pone en riesgo la vida de los militares, sino también la seguridad de la población civil, que queda expuesta a retaliaciones de los grupos ilegales.
Mientras avanzan las investigaciones y las gestiones humanitarias, el Gobierno Nacional enfrenta un nuevo reto en su política de seguridad y en los esfuerzos de diálogo con organizaciones armadas que, pese a los anuncios de paz, continúan con acciones violentas en regiones como el Cauca.
