La crisis por la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia suma un nuevo episodio. La sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá ordenó reintegrar a José Ismael Peña Reyes como rector y dio un plazo de 48 horas al Consejo Superior Universitario (CSU) para hacer efectiva la medida.
Horas después de conocerse la providencia, estudiantes de la sede Bogotá aprobaron en asamblea un paro de una semana en rechazo al regreso del directivo.
El fallo corresponde a una acción de tutela en segunda instancia interpuesta por Peña, con la que se revocó la decisión del 21 de diciembre de 2025 del Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, que había negado sus pretensiones.
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El Tribunal concluyó que se vulneraron derechos fundamentales en las actuaciones que lo apartaron del cargo y ordenó garantizar su ejercicio conforme al Acta 05 del 21 de marzo de 2024, documento que contiene su elección.
En la sentencia se advierte que el CSU hizo una “lectura inadecuada” del fallo del 4 de septiembre de 2025 del Consejo de Estado, al interpretar que no estaba obligado a restituirlo. La magistrada Luz Marina Ibáñez, ponente de la decisión, subrayó que la autonomía universitaria no permite desconocer un acto administrativo vigente.
El origen de la controversia
El 4 de septiembre de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló el nombramiento de Peña. Sin embargo, en decisiones posteriores, el alto tribunal dejó claro que la elección del 21 de marzo de 2024 era válida y que la designación de Leopoldo Múnera había sido nula.
Pese a ello, el CSU optó por nombrar como rector encargado a Andrés Felipe Mora, entonces vicerrector general. Incluso solicitó una aclaración al Consejo de Estado, pero el recurso fue negado, por lo que Mora continuó en el cargo.
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El abogado Saúl Orlando León explicó que la decisión, al ser de segunda instancia, no admite recursos y es de cumplimiento inmediato dentro del plazo fijado. Posteriormente, deberá enviarse a la Corte Constitucional para eventual revisión, conforme al Decreto 2591 de 1991, trámite que no suspende la orden.
Mientras el CSU se prepara para ejecutar la orden judicial, el ambiente en el campus es de tensión. El paro aprobado por los estudiantes refleja el desacuerdo con el reintegro de Peña y anticipa una nueva etapa de movilizaciones en la principal universidad pública del país.
