La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el objetivo de establecer si existió alguna relación irregular entre el leasing inmobiliario que acordó con el empresario Ricardo Leyva y los contratos estatales que este último ha recibido en los últimos meses. La diligencia, que se encuentra a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), busca determinar si hay elementos suficientes para abrir un proceso formal.
Según fuentes del ente acusador, la fase actual corresponde a una averiguación previa, una etapa exploratoria en la que se recopilan versiones, documentos y posibles evidencias que permitan definir si es necesario avanzar hacia una investigación de fondo. En caso de que se configure mérito para ello, el expediente será asumido por la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, debido al fuero constitucional que tiene Benedetti como alto funcionario del Estado.
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El ministro reaccionó a través de su cuenta en X, donde aseguró que recibe la decisión de la Fiscalía con tranquilidad y que la indagación “confirma” —según él— que la magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, no podía haber ordenado el allanamiento a su residencia. “Bienvenida la indagación preliminar. Esto confirma que la magistrada Lombana no podía allanar mi lugar de residencia, y mucho menos hacerlo de forma violenta e ilegal”, publicó.
Benedetti cuestionó además que la magistrada continuara adelantando actuaciones en su contra pese a haber sido recusada. “En Barranquilla interrogó a Leyva y otros empresarios por hechos ocurridos dos meses atrás, cuando dejé de ser senador hace ya tres años, y presionó a muchas otras personas por actividades de hace apenas un mes, amenazándolas incluso con extradiciones y prisión”, añadió.
La indagación ordenada por la Fiscalía surge a partir de una noticia criminal relacionada con la casa ubicada en el condominio Lagos de Caujaral, en Puerto Colombia (Atlántico), la cual Benedetti ocupa mediante un contrato de leasing cedido por Leyva, reconocido empresario del sector de espectáculos. Este año, Leyva ha obtenido contratos estatales a través de su firma Ave Fénix Entretenimiento, lo que para las autoridades podría constituir un eventual nexo irregular entre sus negocios con el ministro y las contrataciones recibidas.
El proceso coincide con el allanamiento que la magistrada Lombana realizó esta semana en la residencia de Benedetti, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En la Corte Suprema reposan actualmente siete procesos contra el hoy ministro, relacionados con distintos hechos ocurridos durante y después de su paso por el Congreso.
De momento, la Fiscalía deberá establecer si existen elementos suficientes que permitan inferir alguna conducta irregular en la cesión del leasing o en los vínculos contractuales de Leyva con el Estado. La decisión final sobre la posible apertura de una investigación formal se conocerá una vez el CTI entregue su informe y la unidad competente evalúe los resultados.
