La Fiscalía General de la Nación confirmó que evalúa solicitar una orden de captura contra alias 'Calarcá', líder del frente 36 de las disidencias de las Farc, luego de los hallazgos obtenidos en recientes inspecciones judiciales y del análisis técnico del material incautado durante el operativo realizado en 2024.
Según la fiscal general, Luz Adriana Camargo, nuevos elementos probatorios indican que el jefe disidente habría continuado delinquiendo mientras mantenía acercamientos con el Gobierno en el marco de los procesos de diálogo.
En su declaración, la fiscal Camargo anunció la apertura de una nueva línea de investigación por desplazamiento forzado y reclutamiento de menores, sustentada en información encontrada en dispositivos electrónicos incautados a la estructura criminal. Entre el material analizado, explicó, fueron halladas “hojas de vida de menores de edad que aparentemente serían objeto de reclutamiento ilícito”, así como documentos internos que apuntan a la persistencia de actividades delictivas.
La funcionaria calificó el proceso como complejo, pero aseguró que la Fiscalía espera mostrar avances significativos en el corto plazo, tras reconocer que hubo una pérdida de tiempo “sensible” en la indagación inicial.
A la par del trabajo realizado por la Dijín, la Fiscalía adelanta una segunda extracción de información con herramientas de software forense avanzado, con el fin de validar los hallazgos iniciales y recuperar archivos que pudieron haber sido eliminados. De acuerdo con Camargo, esta fase técnica permitirá ampliar el panorama probatorio y fortalecer la investigación penal contra alias 'Calarcá' y otros miembros del frente 36.
En medio del proceso, la Fiscalía también informó que aún no ha recibido respuesta del alto comisionado para la Paz sobre la eventual suspensión de medidas de aseguramiento contra líderes de las disidencias que participaron en acercamientos con el Gobierno. Dichas medidas serán evaluadas dependiendo del avance de las investigaciones y de la determinación sobre si 'Calarcá' incurrió o no en delitos de lesa humanidad mientras formaba parte de los espacios de diálogo.
Las nuevas inspecciones del CTI, practicadas esta semana en Bogotá, se realizaron en las sedes del Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Estas diligencias, ordenadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, están directamente vinculadas con la información contenida en los dispositivos electrónicos del frente 36.
Las inspecciones se suman a las realizadas en Indumil y en el Comando de Personal del Ejército (Coper), desde donde se recopilaron documentos relacionados con el general Juan Miguel Huertas, mencionado en audios extraídos de los equipos incautados.
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Las autoridades trabajan ahora en múltiples líneas de investigación que abarcan presuntos actos de cooptación de agentes de inteligencia, infiltración en entidades del Estado, amenazas a la seguridad nacional, posibles nexos con financiación de campañas políticas, alianzas criminales y creación de empresas de vigilancia al servicio de organizaciones ilegales.
Todo este conjunto de hallazgos se ha convertido en pieza clave para determinar el nivel de infiltración y las responsabilidades penales e institucionales derivadas del actuar del frente 36.
