En medio de versiones cruzadas dentro del propio Gobierno sobre posibles riesgos contra candidatos presidenciales, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aclaró el alcance de la cooperación con agencias internacionales y el estado real de las alertas de seguridad.
El funcionario aseguró que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) no ha entregado información a Colombia sobre un supuesto plan para atentar contra el candidato presidencial Iván Cepeda, desvirtuando así las versiones que apuntaban a una advertencia concreta desde ese organismo.
Según explicó, aunque existe un canal permanente de intercambio de información con la agencia estadounidense, hasta ahora no se ha recibido ningún reporte específico sobre amenazas de ese tipo. “Ellos nos han informado que cuando llegaran a tener una información al respecto nos la compartirían, pero en este momento no tienen”, afirmó.
La precisión del ministro se produce luego de que el presidente Gustavo Petro señalara públicamente, el pasado 17 de abril, que la CIA ya contaba con datos “reales y concretos” sobre un posible atentado contra Cepeda. Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado el origen de esa información ni se ha confirmado por canales oficiales.
En ese contexto, Sánchez reiteró que las autoridades colombianas mantienen activos todos los protocolos de verificación y coordinación en materia de inteligencia, y subrayó que cualquier señal de riesgo es evaluada de manera inmediata para prevenir hechos que afecten el proceso electoral.
De otro lado, el ministro confirmó que ya se adelantan investigaciones formales por amenazas contra otros aspirantes, entre ellos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Estos casos fueron asumidos por la Fiscalía General de la Nación mediante la apertura de noticia criminal, lo que permitirá avanzar en la identificación de los responsables.
“Eso le da una formalidad aún mayor, para avanzar con todas las entidades y encontrar quiénes están detrás de ello”, indicó el funcionario, al destacar la articulación entre organismos de seguridad y justicia.
Como parte de las medidas preventivas, el Gobierno mantiene una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos para quien suministre información que permita detectar y evitar atentados contra candidatos presidenciales. Esta estrategia busca fortalecer la colaboración ciudadana en un contexto de alta sensibilidad electoral.
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Asimismo, se han reforzado los esquemas de seguridad de los aspirantes y se realiza un monitoreo permanente de las sedes de campaña en distintas regiones del país. Estas acciones se intensificaron tras hechos recientes, como ataques vandálicos contra instalaciones políticas, entre ellos una sede del Centro Democrático en Santander.
En paralelo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que los equipos de campaña deben reportar la ubicación de sus sedes y eventos, con el fin de facilitar la acción de la Fuerza Pública y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas.
Estas medidas fueron revisadas en la Comisión Nacional para la Coordinación y el Seguimiento de los Procesos Electorales (CORMPE), donde el Gobierno y distintas entidades evalúan las garantías de seguridad de cara a las próximas elecciones.
Finalmente, el Ejecutivo reiteró su compromiso de brindar condiciones de seguridad a todos los candidatos y de fortalecer las acciones de prevención en todo el territorio nacional.
