La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta contundente sobre la situación del sistema de salud en Colombia tras presentar un diagnóstico que evidencia un deterioro sostenido en su funcionamiento y un riesgo creciente para la vida y el bienestar de millones de ciudadanos.
El informe, divulgado este miércoles, recoge meses de análisis técnico y encuentros con actores del sector, y concluye que la estructura actual presenta fallas profundas en acceso, financiación y capacidad de respuesta.
Como consecuencia de estos hallazgos, el Ministerio Público anunció la apertura de nuevas investigaciones disciplinarias contra funcionarios encargados de la dirección, regulación, inspección, vigilancia y control del sistema. Según la entidad, las alertas tempranas y los llamados al diálogo no han sido suficientes para frenar el empeoramiento de la situación.
Uno de los indicadores más preocupantes es el aumento sostenido de quejas, acciones de tutela e incidentes de desacato interpuestos por los usuarios en los últimos dos años. Para la Procuraduría, este crecimiento refleja el debilitamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y de las instituciones responsables de supervisarlas, así como una respuesta insuficiente del Estado frente a las necesidades de los pacientes.
El informe dedica un capítulo especial a las visitas administrativas realizadas a 18 EPS, de las cuales nueve se encuentran intervenidas. Allí se concluye que las medidas de intervención forzosa adoptadas por la Superintendencia Nacional de Salud no solo no han generado mejoras sustanciales, sino que en varios casos han profundizado los problemas financieros y operativos.
Un ejemplo es la Nueva EPS, donde el costo de la prestación de servicios pasó de representar el 95,6 % de los ingresos en 2022 a superar el 121 % en 2023. Esta situación derivó en un déficit patrimonial que alcanzaría los 4,4 billones de pesos en 2024. Además, las proyecciones indican que en 2025 podrían presentarse más de 131.000 tutelas y cerca de 33.000 incidentes de desacato, cifras que evidencian una pérdida significativa de capacidad operativa.
Panoramas similares se identificaron en otras entidades. En Coosalud EPS, por ejemplo, la siniestralidad aumentó del 94 % en 2022 al 115 % en 2025, lo que implica que la entidad gasta más de lo que recibe. La Procuraduría reportó pérdidas por 1,1 billones de pesos en 2024 y un crecimiento acelerado de los pasivos, que se incrementaron en un 245 %.
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El Ministerio Público advirtió que la falta de acceso oportuno a medicamentos sigue siendo el principal detonante del incremento histórico de tutelas, lo que pone en evidencia un problema estructural no resuelto. En ese contexto, se abrió una actuación preventiva para verificar denuncias sobre presuntas irregularidades, como facturación de servicios a personas fallecidas y posibles sobrecostos en medicamentos.
Actualmente, se adelantan más de 20 investigaciones relacionadas con desabastecimiento, barreras de acceso, corrupción, malversación de recursos y presunto incumplimiento de órdenes judiciales, entre ellas las derivadas de la Sentencia T-760 de 2008. La Procuraduría reiteró que mantendrá una vigilancia permanente y que actuará disciplinariamente cada vez que se identifiquen riesgos o vulneraciones al derecho fundamental a la salud.
