Los documentos entregados por la Consejería de Paz revelan que el proceso de negociación con las disidencias de las FARC lideradas por alias ‘Calarcá’ ya le ha costado al país más de $30.299 millones en menos de dos años.
Las conversaciones con este grupo armado iniciaron el 13 de octubre de 2023, y pese a las crecientes críticas por la falta de avances, el Gobierno insiste en mantener abierta esta mesa como parte de su estrategia de “Paz Total”.
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El rol de ‘Calarcá’ y las dudas sobre la legitimidad
Alias ‘Calarcá’ Córdoba, señalado de participar en el asesinato de 13 policías en Amalfi (Antioquia), continúa siendo uno de los principales negociadores en la mesa de diálogo, un hecho que ha generado controversia debido a su prontuario criminal y a los señalamientos recientes sobre su infiltración en organismos del Estado.
En paralelo, el Gobierno enfrenta cuestionamientos por las presuntas conexiones de funcionarios de inteligencia con el jefe disidente, situación por la que incluso se han solicitado hojas de vida y antecedentes de altos mandos, entre ellos el general Huertas y Wilmar Mejía.
Gastos del proceso: protección, honorarios y transporte aéreo
Hasta ahora, se han realizado siete ciclos de negociación, el más reciente en Campo Hermoso, San Vicente del Caguán, con ‘Calarcá’ liderando la delegación. Sin embargo, los resultados siguen siendo mínimos frente al enorme gasto estatal.
Los principales rubros incluyen:
- Honorarios: cerca de $5.500 millones
- Medidas de protección: $5.967 millones para negociadores del Gobierno y de las disidencias
- Tiquetes y transporte aéreo: más de $6.600 millones
La inversión total del país en la política de Paz Total asciende a $84.816 millones, distribuidos entre nueve mesas activas. Dentro de esa suma, la negociación con el grupo de ‘Calarcá’ es la segunda más costosa después del proceso con el ELN.
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Críticas a la política de Paz Total
A pesar del esfuerzo económico, la violencia no disminuye. Voces de la oposición, expertos en seguridad e incluso figuras históricas del proceso de paz como el expresidente Juan Manuel Santos han afirmado que la iniciativa de Petro “ha sido un desastre desde el principio”.
La Consejería informó que la delegación del Gobierno está conformada por 11 representantes, mientras que ‘Calarcá’ llega a la mesa acompañado de 40 guerrilleros, todos con órdenes de captura suspendidas, lo cual les otorga movilidad y un nivel de legitimidad cuestionado por diversos sectores.
Disidencias fortalecidas mientras avanza la negociación
Los datos de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) muestran que el panorama de seguridad es cada vez más preocupante. Entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los Grupos Armados Organizados aumentaron su pie de fuerza en un 15%, equivalente a 3.320 nuevos integrantes.
En ese mismo periodo, el grupo de ‘Calarcá’, conocido como Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), creció un 16%, sumando 387 nuevos combatientes y alcanzando los 2.802 integrantes. Su expansión es evidente en territorios estratégicos del Catatumbo, Bajo Cauca, sur de Bolívar, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Huila, Amazonas, Tolima y Cauca, zonas clave para economías ilícitas.
Hechos violentos recientes asociados al EMBF
Además del asesinato de los 13 policías en Amalfi, esta estructura ha sido mencionada en nuevas investigaciones. Hace dos meses, alias ‘Gabriela’, capturada por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, declaró que la orden habría salido de Caquetá, donde operan las disidencias bajo el mando de ‘Calarcá’ y de alias ‘Iván Mordisco’.
Mientras tanto, el proceso continúa estancado y se consolida como uno de los esfuerzos de paz más costosos y cuestionados del país.
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