El exgerente de la empresa de servicios públicos Triple A, Ramón Navarro, continúa su proceso judicial por cuenta del millonario desfalco a la entidad, conocido como el caso Innasa, en el que habría participado este sujeto y por el cual el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó revocar la detención domiciliaria que cursaba en su contra para que sea enviado a prisión, argumentando que "no se logró el reintegro de la suma de $23.379´000.761 por pedidos ficticios y $4.500´000.000 por falsos contratos de servicios".
Además, el magistrado de la Sala Penal, Jorge Eliécer Cabrera Jiménez, modificó la decisión del Juez Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, que había condenado a Navarro Pereira a 5 años y 5 meses de prisión, aumentó su condena a 15 años y 8 meses de prisión.
Cabe recordar que los delitos que se le imputan a Navarro son los de de desfalco, administración desleal y enriquecimiento ilícito. Mientras que la decisión judicial le fue notificada al acusado en medio de una audiencia virtual.
"Así mismo, el tribunal modificó la multa inicial de 25.000 salarios mínimos legales vigentes, y la aumentó a 50.000 salarios mínimos legales vigentes, es decir, tendrá que pagar más de $43.890 millones", agregó la Procuraduría General de la Nación a través de un comunicado.
En contexto
Una investigación adelantada por las autoridades judiciales permitió descubrir un millonario saqueo en Barranquilla, por medio de la empresa de servicios públicos Triple A. Así lo manifestó la Fiscalía General de la Nación, quien señaló que uno de los responsables de este hecho sería Ramón Navarro Pereira, exgerente de esa empresa, motivo por el cual fue capturado en 2018 por las autoridades.
El ente acusador informó que las labores investigativas permitieron poner al descubierto presuntos hechos de corrupción en el manejo de los recursos de la empresa de servicios públicos (Triple A), así como el aparente incremento patrimonial injustificado de los socios en Colombia de la multinacional española (Inassa S.A.).
Según manifestaron las autoridades, durante los años 2012 y 2015 Navarro y los entonces representantes de la multinacional Inassa y de la firma Recaudos y Tributos S.A. se habrían apropiado de 27.879 millones de pesos mediante la creación de 54 órdenes de pedidos de bienes y servicios, que no fueron adquiridos, y cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable.
- Le podría interesar: A guarnición militar soldado que habría asesinado dos menores en el Huila
La Fiscalía también señaló que, al parecer, este dinero se registró en la contabilidad y en las declaraciones de renta como operaciones normales de la Triple A y se usaron para calcular los dividendos de los accionistas. El contrato que se suscribió desde el 4 de septiembre del 2000 entre Inassa y Triple A, y en él se contemplaba un pago mensual de 4,5 % por el recaudo de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo por "la prestación de una asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica" , fue inexistente, según las autoridades. En 17 años habría llegado a los 237.800 millones.
