El abogado Augusto Ocampo tuvo la idea de crear una primera línea jurídica para defender a los ciudadanos en medio de las intensas jornadas de manifestaciones por el Paro Nacional, el cual inició desde el pasado miércoles 28 de abril.
La idea ha llamado la atención entre varios abogados y abogadas y, por esa razón, penalistas como Miguel Ángel del Río decidieron unirse a la causa.
La convocatoria nacional inició este viernes 28 de mayo y, a hoy, ya hay más de 600 defensores y defensoras inscritas.
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Ocampo explicó en diálogo con KienyKe.com que la idea de esta primera línea jurídica es asesorar y defender a quienes están en primera línea y a quienes protestan pacíficamente.
"Aquí no vamos a apoderar ni a defender vándalos o a delincuentes, eso tiene que quedar claro. Asesoraremos y defenderemos a quienes hacen uso de su derecho a la protesta pacífica. Se les va a asesorar incluso en el terreno, vamos a confrontar y defenderlos frente a las arbitrariedades de la policía que están montando flagrancias sin que existan", indicó.
Según dijo, en este proceso de la primera línea jurídica se harán charlas y conferencias pedagógicas para explicarle a los manifestantes cómo pueden, con la Constitución y la Ley, defenderse en medio del Paro Nacional.
"Les enseñaremos cómo se pueden defender en el terreno jurídicamente, esto es un grupo de choque jurídico. Las armas que tenemos en este momento son la Constitución, la ley, la razón y la lógica", afirmó.
Y agregó: "La idea no es solo defenderlos ya capturados sino evitar precisamente esas capturas, haciéndoles ver los procedimientos irregulares a los policías y además hacer la pedagogía para ellos mismos. Si ellos afanosa y torpemente comienzan a capturar personas que no están en situación de flagrancia se exponen a que les compulsen copias y los investiguen, y pueden terminar sancionados disciplinaria y penalmente".
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Por último, señaló que algunos de los integrantes de la primera línea jurídica lograron la liberación de cinco jóvenes en Cali (Valle del Cauca) que habrían sido detenidos arbitrariamente.
"La jueza que dejó en libertar a uno de estos muchachos habla de que no hubo flagrancia y a los policías les compulsaron copias por mentir en documentos oficiales, cosa que es supremamente grave", finalizó.
