Algunas verdades sobre la Ley de Víctimas

18 de marzo del 2011

Tras realizar  un estudio conjunto entre la Fundación Colombia con Memoria y la Fundación Víctimas Visibles sobre el devenir y el actual proyecto de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, presento una serie de conclusiones que darán claridad al momento de interpretar la ponencia del proyecto legislativo.

Tema de gran interés nacional, actualmente cursa su tercero de cuatro debates en la cámara alta del Congreso de la República.  Aunque fue una iniciativa legislativa de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez  y en su momento no tuvo eco, hoy se trata de un proyecto de ley de iniciativa del Partido Liberal Colombiano acogido por la Mesa de Unidad Nacional y reclama a gritos la necesidad de garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y reconciliación entre el Estado, las víctimas y los victimarios de la violencia en Colombia, a la vez que propende por las garantías de no repetición, a más de cuatro millones de colombianos que han visto pasar por sus aquejadas vidas la impunidad y la indiferencia de las instituciones y de la misma sociedad civil y que han sido vulnerados en sus derechos fundamentales.

En la ponencia radicada en la Comisión Primera del Senado se contempla como fecha de corte para reconocer el estatus de víctimas el primero de enero 1986, siempre que esta afectación sea consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos. El proyecto integró el de ley de restitución tierras, que busca devolverlas a quienes fueron despojados de ellas como consecuencia del conflicto. He aquí uno de los primero errores.

Como en Colombia la inoperancia del aparato judicial es tan aberrante y la corrupción administrativa uno de sus mejores aliados, surgió la imperiosa necesidad de establecer mecanismos alternos por la carencia de una herramienta efectiva y eficaz que les garantizara a las víctimas una verdadera reparación en los términos de la proclama de los DDHH y el DIH; esto es, un tratamiento igualitario, no discriminatorio, dignificante y que contemplara una reparación juiciosa e integral.

Los destinatarios que se deben beneficiar con la naciente norma son los familiares de las víctimas y las víctimas supérstites que hayan sido afectado por infracciones al DIH y violaciones a los DDHH, los desplazados y las personas que fueron despojadas de sus tierras, como propietarios u ocupantes, o que se hayan visto obligadas a abandonarlas como consecuencia de hechos ocurridos entre 1991 y el 1º de enero de 2011. Estas últimas, en teoría podrán solicitar la restitución de tierras o vivienda rural, sin perjuicio de otras reparaciones a que haya lugar, porque están sujetas a que según lo establecido en materia probatoria para tal efecto, resulte de la calificación de víctima que el ente encargado tenga a bien otorgarle. Ahora bien, cuando no sea improcedente restituir el predio original, ó cuando el despojado no pueda retornar al mismo por razones de riesgo para su vida e integridad personal, se le ofrecerá al afectado alternativas de compensación en especie para acceder a terrenos de similares características y condiciones en otra ubicación.

Las autoridades le deberán brindar a la víctima la información necesaria sobre aspectos jurídicos básicos, asistenciales, terapéuticos y otros, también han de comunicar sobre el inicio, desarrollo y terminación del proceso penal. Adicionalmente, sobre las instancias y recursos judiciales a su alcance. Los avances y principales eventos que ocurran dentro del proceso deberán ser comunicados por escrito o por medio electrónico a la víctima.

En materia de agresión sexual el proyecto de ley dispone de un conjunto de directrices para evitar que los prejuicios sexuales y de género lleven a suponer que la víctima propició o aceptó la violencia sexual. Para resguardar la identidad de la víctima se proponen medidas especiales como la declaración a puerta cerrada, el testimonio por medio de audio o video, la asignación de un seudónimo o una clave o la utilización de medios técnicos para alterar la voz y la imagen. Estas medidas se complementan con los programas de protección y la presencia de personal especializado en situaciones traumáticas.

Un aspecto que deben conocer muy bien quienes quieren acceder o creen cumplir con los requisitos para el acceso a los derechos que reconoce la Ley de Víctimas, es que  la ley consagra un programa orientado a pagar los gastos en que incurran las víctimas por su participación legítima en los procesos penales, cuando éstas demuestren la incapacidad económica para asumir dichos gastos. Se tendrán en cuenta gastos de traslado, alojamiento y manutención. Las víctimas podrán ser objeto de medidas como el acceso a audiencias a través de teleconferencias o cualquier otro medio tecnológico que permita adelantar las respectivas etapas procesales. Lo anterior como excepción a la regla general que establece que debe ser la víctima quien asuma las costas procesales y demás agencias en derecho que se causen, como consecuencia de la activación y el dinamismo procesal.

Los niños y adolescentes que hayan sido victimizados dentro del conflicto armado y que acrediten su condición a través de su representante legal, reconociendo el mandato constitucional de prevalencia de los derechos de los niños sobre los de los demás, tienen derecho al restablecimiento de sus derechos de prestación y de protección para las situaciones de violencia, secuestro, reclutamiento, desplazamiento forzado y atentados con minas. El proyecto contempla la situación de menores que han abandonado las armas, quienes tendrán derecho a ser reintegrados social y económicamente en sus ámbitos familiares, comunitarios y sociales. Los niños y niñas que hayan quedado huérfanos de padre y madre o de uno de ellos como consecuencia del conflicto, deberán ser notificados al Icbf para que por intermedio de un Defensor de Familia puedan reclamar los recursos que les corresponden por ser víctimas.

Los menores, víctimas de minas antipersonales tendrán derecho a recibir de manera gratuita y permanente por parte del Estado y las Empresas Promotoras de Salud tratamientos médicos, prótesis y asistencia psicológica para su plena rehabilitación.

Para dar aplicación de los contenidos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se creará un Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas del cual harán parte entidades del gobierno nacional, órganos de control y de justicia, así como entidades territoriales departamentales y municipales. Se creará una Unidad Administrativa Especial de Víctimas adscrita a la Presidencia de la República y coordinada por el Vicepresidente y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. El Gobierno expedirá un Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas de la Violencia y también un documento Conpes para establecer y asegurar los recursos. Este aspecto es fundamental, porque en él se puede notar una de las políticas fundamentales de inclusión a las víctimas por activa, en el desarrollo y ejecución de la ley, pues integra y hace un llamado a las organizaciones de víctimas y ONG´s de DDHH, para que conformen las Unidades Administrativas Especiales ejecutoras del contenido de la ley en confección. Una de estas entidades se encargará de crear y administrar el Registro de Tierras Despojadas y tramitar los procesos de restitución de predios de los despojados en nombre ellos cuando lo soliciten. Creará y administrará programas de subsidios a favor de los despojados a quienes se les restituyan predios, para la cancelación de los impuestos territoriales y nacionales relacionados directamente con los predios restituidos.

También nacerá a la vida jurídica a través de la esperada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras la denominada Red Nacional, instrumento que garantizará al Sistema Nacional una rápida y eficaz información del orden central y regional sobre las violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la identificación y el diagnóstico de las circunstancias que ocasionan daño a las víctimas. Esta red evaluará la magnitud y el impacto de la problemática social y permitirá al Sistema Nacional adoptar las medidas para la atención inmediata, elaborar planes para la atención y reparación integral de las víctimas inscritas en el Registro Único de Víctimas.

Finalmente, aplaudimos que la Ley establezca la conmemoración del Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas el 10 de diciembre de cada año, en el cual se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. El Congreso de la República, se reunirá en pleno ese día para escuchar a las víctimas en una jornada de sesión permanente. Esto dignifica a la persona de la víctima, como lo he manifestado en varias ocasiones en diversos medios de comunicación y pone de presente el verdadero espíritu de la norma humanizándola; pues no estamos frente a una disposición que se deba entender como una mera actitud de resarcimiento económico con lo cual se salga de la responsabilidad social con un cheque.

Twitter: @colconmemoria

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