Bogotá transparente

27 de enero del 2011

No es un sueño, en esta época en que se habla de carteles y carruseles de la contratación en nuestra querida capital. Fue una realidad en el segundo gobierno de Antanas Mockus, una política pública que se aplicó con óptimos resultados.

Por ser la contratación el instrumento para desarrollar los programas de los gobiernos, donde se concreta el gasto del dinero público, ahí se concentra la mayor corrupción. Por ello es tan importante combatirla, no únicamente con sanciones que raramente llegan, dado el concierto para delinquir que se instala a sus anchas en administraciones y órganos de control territoriales, sino con medidas preventivas.

Pero como en Colombia no hay memoria institucional, las buenas acciones de las instituciones y los servidores públicos fácilmente se olvidan. Y eso sucedió con la política mencionada, porque Bogotá ha vuelto a caer en prácticas absolutamente inadmisibles que parecían ya superadas a finales del 2003.

Para que la contratación respondiera verdaderamente a lo previsto en los planes de desarrollo y en el presupuesto anual, cada año debían publicarse por cada entidad en internet los contratos que se tenía previsto realizar. Y en relación con cada uno de los mayores contratos que se celebraron en el Distrito en los 3 años de gobierno, se realizó un proceso de integridad.

Con la coordinación de la Veeduría Distrital, se convocaba a los funcionarios y asesores comprometidos en el proceso contractual, para que realizaran un mapa de riesgos de los aspectos financieros, técnicos y jurídicos, y una vez elaborada una matriz por economistas, ingenieros y abogados, y otros profesionales según la materia, se determinaban las estrategias para evitar la ocurrencia de dichos riesgos.

Se consideraba indispensable el compromiso personal de todos los actores, por lo cual tanto funcionarios, asesores, como proponentes y hasta representantes de las bancas de inversión, eran convocados para acordar y suscribir voluntariamente pactos de probidad en los cuales se comprometían a tener comportamientos absolutamente honestos y correctos.

El proyecto de pliego de condiciones se sometía a expertos técnicos o financieros externos a la institución contratante para obtener mayores elementos de juicio sobre las condiciones, con el objeto de permitir que hubiera el mayor número de proponentes posibles, se hacían los ajustes necesarios y se publicaba en internet para someterlo al escrutinio de la ciudadanía, las veedurías y las organizaciones sociales, las cuales eran llamadas a ejercer un control social informado y serio.

Todo el proceso contractual se desarrollaba en audiencias públicas, pues existía prohibición terminante de atender preguntas o solicitudes de los proponentes sin la participación de todos los interesados. Las adjudicaciones se celebraban en audiencias públicas, con la participación de todos los actores, incluyendo a quienes ejercían el control social. Similares instrumentos se aplicaban en relación con la ejecución del contrato.

El resultado fue claro para Bogotá: las obras públicas, las concesiones, las grandes inversiones del plan de desarrollo se ejecutaron por quienes obtuvieron las mejores calificaciones, con claridad y seriedad en sus términos, plazos, especificaciones. El afán de utilizar bien los recursos públicos, como sagrados, llevó a realizar audiencias de rendición de cuentas en materia contractual, donde se informaba a la ciudadanía y se recibían comentarios, críticas, sugerencias, de diferentes sectores de la comunidad.

¿Cuándo volverán a soplar vientos de comportamiento ético por la capital? Ciudadanía, universidades, organizaciones sociales, es hora de darle un nuevo rumbo a Bogotá, ¿no seremos capaces de volver por el buen camino de nuevo? O ¿nos damos por vencidos y le entregamos la Ciudad a los corruptos? De todos nosotros depende el futuro. Es hora de recuperar la confianza en los gobernantes y las instituciones, pero para ello tenemos que elegir personas que den ejemplo de probidad.

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