Las ‘p’artes y el conflicto armado

13 de septiembre del 2012

El diálogo, como forma civilizada de encuentro y de solución, se realiza entre ‘p’artes. En lo ordinario, entre partes dialogantes en un estatus de sociedad determinada y, en el sistema político imperante en el mundo occidental, podríamos decir que la relación de poder y de sociedad, por el modelo de Estado, nos muestran una sociedad […]

El diálogo, como forma civilizada de encuentro y de solución, se realiza entre ‘p’artes. En lo ordinario, entre partes dialogantes en un estatus de sociedad determinada y, en el sistema político imperante en el mundo occidental, podríamos decir que la relación de poder y de sociedad, por el modelo de Estado, nos muestran una sociedad en conflicto; pero conflicto, no como sinónimo de violencia y sangre, sino conflicto de intereses o, conflicto en el acceso a bienes y servicios que, son verdaderas necesidades-derechos; de allí que se sostenga que nos encontramos en una normal anormalidad, cuyo punto de resolución ha de encontrarse en el respeto al pluralismo, a la otredad. El respeto a la diferencia, a las minorías, a los más vulnerables es elemento de especial consideración y, repetimos, de protección. Entonces, en lo ordinario, en el conflicto o relación conflictual, las partes utilizan ‘amigables componedores’, ‘árbitros’ y desde luego, jueces. La resolución del conflicto se encuentra enmarcada en formas jurídicas y mecanismos de diálogo. En otros términos, en una sociedad en relación conflictual, es decir, que atiende al principio de pluralismo, la resolución está prevista por las normas ordinarias.

Pero algunas veces se convierte el conflicto en problemática de ‘orden público’, que corresponde a áreas de policía. Manifestaciones sociales que tienden no a una normal anormalidad, sino a una anormal anormalidad. No es pues el diálogo entre partes que se avienen a resolverlo por sí o por delegación –jurisdicción–, sino que son verdaderos fenómenos de contención policial y, por supuesto, allí el mantenimiento del ‘orden público’ que, como en cualquier democracia, es potestad del Ejecutivo.

Son del Ejecutivo, de la autoridad de Policía, el control de la situación de disturbio o tensión interna, como pueden ser motines, revueltas, hasta los que, al ser insuficientes los instrumentos de policía ordinarios, se tratan de solucionar mediante los ‘Estados de Excepción’.

Existe otro nivel de examen y de contención. Se trata de desórdenes públicos que superan, por la anormal anormalidad, las meras contiendas sociales, perturbaciones o tensiones internas, dificultades como las ya citadas –motines o revueltas, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar–; actos, entonces, que son fenómenos indicativos de un conflicto no internacional, una guerra intestina que, en todo, es similar en su profundidad y consecuencias a uno de carácter internacional. Este conflicto exige normas de igual dimensión, es decir, normas internacionales dentro de las cuales se encuentran, entre otros, los Convenios de Ginebra, es decir, el derecho Internacional Humanitario y, que operan para nuestro Estado dentro del marco del denominado ‘Bloque de Constitucionalidad’; normas internacionales que, al ser ratificadas –puestas en vigencia– por Colombia hacen parte de la legislación, prevalecen en el orden interno y son medio de interpretación.

Los Convenios de Ginebra, constituyen una recomposición del derecho de gentes, que buscan la protección de la población civil; desde luego, como la guerra es un hecho dado, no puede por la fuerza de una norma acabarse, pero sí proteger a quien no es combatiente; disminuir sus nocivos efectos. Protección de la población civil tanto en conflicto internacional, como en conflicto –guerra– no internacional; para ésta, aplicando el Protocolo II de los mismos acuerdos.

La conceptualización de lo que se denomina conflicto no internacional, no es pacífica, los gobiernos son renuentes a aceptar que la situación existe, es más, presentan argumentos huidizos y hasta perversos para salir al paso de su evidente escena. Pero sucede que cuando las características de una guerra –conflicto internacional– se encuentran en campo de un Estado Parte, se afirma que existe un conflicto no internacional; elementos tales como: partes –contendientes– que se enfrentan; que pueden ser fuerzas armadas gubernamentales y disidentes o las primeras, frente a insurrectos organizados; un mando responsable, que no implica una organización ‘tradicional’ militar sino una estructura suficiente para llevar a cabo operaciones militares calificadas y, una disciplina imponible; un control territorial, sin que implique una especial cantidad del mismo o una permanencia absoluta, solo un control ‘tal’ en relación con las operaciones; y, capacidad de aplicación de los instrumentos internacionales, en su caso, el Protocolo II, o, que se tenga la estructura para hacerlo.

Allí, las ‘p’artes, son los contendientes dentro del conflicto que, tienen por obligación global o multilateral, la protección de la población civil; a diferencia de las Altas Partes en los convenios, son los Estados. Desde luego, nos referimos a las primeras.

Y se ha dicho que aceptar el conflicto no internacional, constituye una postración al Estado y una merma a la capacidad operativa de las fuerzas armadas legalmente constituidas. Nada de ello es correcto ni cierto, los Convenios y los Protocolos autorizan y permiten que el Gobierno mantenga o restablezca la ley y el orden, defienda la unidad nacional, la integridad territorial  por todos lo medios legítimos.

Así las cosas, al punto de estructurar el Estado, proteger la población civil y encontrar una fórmula de salida al conflicto, a la anormal anormalidad, las ‘p’artes que son contendientes, otros llaman enemigos, han de aceptar la existencia de conflicto, del conflicto armado no internacional y, por supuesto, como no se trata de delincuencia común sino de una verdadera postura entre combatientes, la aplicación entre ambos de los Convenios y, allí, los mecanismos de acuerdos especiales, operativos y, hasta la posibilidad de ‘Comisiones de la Verdad’, referentes y elementos de lo que se denomina la ‘zona de transición’.

Aquí, en el concepto de ‘p’artes, no solo cabe la subversión, el Estado, sino también toda organización, aparatos de guerra, como lo son también los denominados grupos paramilitares. Notas comunes y necesarias al conflicto armado no internacional.

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