Con $30 millones de pesos (el sueldo mensual aprobado) ningún congresista tendría las enormes fortunas que algunos ostentan. Por eso hay quienes piensan que el problema de la corrupción en la política no se enfrenta reduciendo las mesadas de los “padres de la patria”. Porque –simplemente- esa viene siendo “la caja menor”.
Para nadie es un secreto, que una campaña al Senado puede costar –en algunas regiones- 20, 30 y hasta 50 mil millones, que después pagan con favores a contratistas, con los tales cupos indicativos o los presupuestos de municipios y departamentos.
El asunto está a la vista de todos, autoridades y electores del montón. Las primeras lo dan por hecho y miran a otra parte. Los segundos se doblegan ante tanto poder cada vez más creciente. Y así continúa la rueda de la fortuna, con políticos que se entronizan en sus cargos y en el Estado, que saquean de mil maneras. Y tienen abundante dinero para la siguiente campaña.
Comparto con Humberto De la Calle que la corrupción de la política no es por el sueldo de los senadores y representantes. Sino por todo lo que hacen y dejan de hacer a partir de su elección.
Asalto impune
“Que el ingreso mensual de cada congresista sea de 30 millones de pesos resulta ofensivo para los pobres, para los contribuyentes y para la opinión pública hastiada de la corrupción y del papel negativo que cumplen el Congreso y la clase política”, considera el periodista Javier Darío Restrepo, en columna de El Heraldo:
Algo tendrían que significar (dice) las encuestas de opinión en que el Congreso aparece en los últimos lugares en compañía de las Farc y del régimen dictatorial venezolano. El colombiano que paga impuestos no puede evitar la idea de que esas extravagantes mensualidades, lo mismo que las abusivas pensiones de congresistas y magistrados, se pagan con los impuestos, mientras que para otros rubros esenciales la respuesta del gobierno es que “no hay plata”.
El extenso sector de la población para el que todo escasea, tampoco puede entender que el voto ciudadano esté ungiendo a unos colombianos que carecen del sentido de la honestidad para el manejo de los dineros públicos y más predispuestos al asalto y aprovechamiento de los bienes comunes que a su vigilancia y cuidado. Es aplicable, en efecto, la sentencia popular de que el cuidado del queso se les ha entregado a los ratones.
Una elemental precisión habría aconsejado a los congresistas y magistrados la preservación de su credibilidad, como factor indispensable para su imagen política; por el contrario, deslumbrados por el brillo de la ganancia fácil, miran hacia el otro lado cuando el tema de sus millones mensuales aparecen en sus agendas de empleados públicos.
No son los únicos que miran al otro lado, sigue Restrepo. Es revelador e indignante el proceso judicial del político aquel que fue senador durante 49 días y comenzó recibiendo 1.769.000 al mes y, con ayuda del Consejo de Estado, pasó a recibir 7.095.979 para devengar, finalmente 18 millones al mes, más los mil millones que recibió como retroactivos, con apoyo de jueces que miraron al otro lado. Por fortuna hubo quienes miraron de frente el abuso y lo frenaron.
El saqueo legal de lo público
Lo grave es que estas gabelas, sospechosas de latrocinio togado, son la base para los sueldos de magistrados, de empleados de Foncolpuertos, todos funcionarios que participan por activa o por pasiva en un saqueo legal de los dineros públicos. A eso equivale la legislación en beneficio propio y la pasividad cómplice de todos los que en el Congreso , en las cortes o en el sistema judicial permiten que las leyes, como changones o puñaletas, se usen para atracar al pueblo colombiano.
Son palabras gruesas y duras que apenas si reflejan el hecho vergonzoso del asalto legalizado, que a la vista de todos los colombianos se está llevando a cabo, sin que aparezca una reacción eficaz en defensa del interés común y de la dignidad de una sociedad a la que estos asaltantes togados ultrajan. Quizás un primer paso sea llamar a las cosas por su nombre y sin los habituales eufemismos legales: al asalto de las pensiones y sueldos de congresistas y magistrados hay que llamarlo asalto, y a los que se aprovechan de su condición para hacerlo: asaltantes de los dineros de todos.
