Al posesionarse el año pasado como nuevo presidente del Partido, el senador Hernán Andrade y el nuevo Directorio Nacional Conservador recibieron como herencia una colectividad con un reguero de deudas y gastos que ahora se revelan a la opinión pública. El costoso pasivo fue un legado del representante David Barguil (presidente entre 2014 y 2016) y del anterior Directorio.
Los estados financieros mostraban que las deudas financieras eran de $5.657 millones, un déficit de $2.413 millones y gastos acumulados de $2.601 millones. A ello se suma que desde hace unos 10 años, otro presidente godo decidió que los contratos laborales serían a término indefinido (más costosos) y se armó una nómina (con todas las gabelas laborales) de 31 personas cuyo costo anual hoy es de $2.580 millones, es decir $215 millones mensuales, sin contar otros pagos extralegales. Más del 70% de esos gastos corresponden a los altos salarios de 10 directivos y seis asesores.
Quienes conocen por dentro los partidos, saben que la mayor parte de estas nóminas son similares a las del Congreso de la República, las conocidas “corbatas”, gente que figura en nómina pero pocas veces o casi nunca se aparece a trabajar.
Aunque la situación era crítica, no había despertado alarmas hasta cuando – hace 3 meses – el Ministerio de Hacienda demoró el giro de los dineros que el Estado entrega a todos los partidos para su funcionamiento. Vino entonces la mora en el pago de salarios e incluso alcanzaron a colgarse unos días en la seguridad social.
La crisis financiera obligó al presidente Andrade a solicitarle al Directorio – integrado por 19 voceros de las distintas tendencias internas – que le autorizara un recorte del personal de planta. Les dijo, recordando al humorista Jaime Garzón, que si no se hacían recortes, habría que cerrar el edificio. La autorización fue por unanimidad.
Para lograr el respaldo, Andrade expuso que el déficit ya lo había bajado a $1.948 millones, los gastos disminuidos a $2.587 millones y las obligaciones financieras las había recortado en $1.934 millones.
Sin embargo, cuando este martes notificaron los primeros despidos, ahí fue Troya, pues el grueso de los empleados tiene un padrino político (senador o representante a la Cámara, e incluso hay parientes de miembros del mismo Directorio). Pero el mayor ruido llegó desde la jefe de prensa, Natalia Morales Urquijo, quien se negó a ser notificada y alegó que estaba embarazada, lo cual la blinda temporalmente de ser despedida. Fuentes del partido dijeron que, al momento de esta nota, la periodista no había presentado el certificado médico. La misma periodista se encargó de divulgarles a varios de sus colegas detalles internos de la crisis, afirmando que Andrade había hecho multimillonarios contratos de asesores. Lo cierto es que, según los documentos que reporta el partido, en este momento hay nueve contratistas cuyo costo mensual total es de $43 millones.
Y también se hizo sentir el cuestionado exdirector del CTI, Julián Quintana, cuya esposa Mónica Valencia tiene el cargo de “Secretaria de Militantes”, que pocos saben qué es o qué se hace ahí. Quintana, en un trino en su cuenta de Twitter la noche del martes, afirmó que su esposa era “acosada” por el presidente conservador, sin aclarar a qué tipo de acoso se refería. Tampoco dijo porqué ese hecho, él como reputado abogado penalista, no lo había puesto en conocimiento de las autoridades y lo reveló solo cuando su esposa fue despedida.
En un comunicado oficial, el Directorio afirmó que el despido se hizo “dentro de lo que ordena la Ley, respetando siempre en cada caso los derechos laborales y contando con el presupuesto total para las correspondientes indemnizaciones”.
Y ante la crisis interna, tanto financiera como política, aún no se conocen declaraciones del representante a la Cámara, David Alejandro Barguil Assis, para explicar de qué manera llevó al Partido Conservador a tan abultadas cifras de gastos en los dos años que ejerció la presidencia.
