El expresidente peruano Pedro Castillo fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de romper el orden constitucional el 7 de diciembre de 2022. La decisión fue tomada por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Perú, que concluyó que el entonces mandatario no alcanzó a consumar el delito de rebelión, pero sí avanzó en los pasos para intentarlo.
Ese día, Castillo leyó un mensaje televisado en el que anunció la disolución del Congreso, la instauración de un “gobierno de excepción” y un toque de queda, en lo que distintos actores políticos y judiciales han descrito como un intento de autogolpe. Ninguna institución respaldó la medida: el Congreso se reunió de urgencia, aprobó su vacancia por “incapacidad moral”, y el expresidente fue detenido cuando se dirigía a la embajada de México en Lima.
Durante el juicio, la Fiscalía había pedido inicialmente 34 años de cárcel por rebelión, pero ajustó la acusación a conspiración para rebelión al considerar que el plan golpista no se materializó. Sobre esa base, el tribunal impuso la pena que ahora deberá cumplir el exmandatario, que ya permanecía privado de la libertad desde 2022 mientras avanzaban otros procesos en su contra.
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No es el primer presidente peruano condenado
La condena a Castillo no es un caso aislado. Forma parte de una secuencia de presidentes peruanos investigados o sentenciados en los últimos años. Apenas ayer, el también expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio, al considerarlo responsable de haber recibido sobornos a cambio de favorecer las obras de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional.
Con ambos fallos, la justicia peruana refuerza la idea de un país donde los expresidentes terminan con frecuencia en los tribunales. A las nuevas sentencias de Castillo y Vizcarra se suman los antecedentes de otros exmandatarios como Alberto Fujimori, Alejandro Toledo u Ollanta Humala, también procesados o condenados en casos de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Las dos decisiones, emitidas con un día de diferencia, se producen además en medio de un contexto de inestabilidad política y desconfianza ciudadana hacia las instituciones. En Perú, los cambios de gobierno, las vacancias y los procesos penales contra expresidentes se han vuelto parte del paisaje político, y las sentencias contra Castillo y Vizcarra reabren el debate sobre hasta qué punto el sistema judicial y el sistema político están logrando cerrar, o profundizar. ese ciclo de crisis.
