Zulay Rodríguez, diputada y presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, se pronunció en una entrevista con EFE sobre los casos de abuso en albergues infantiles de Panamá y reveló que hay "niñas las cuales denuncian a religiosos que les dejaban embarazadas" y les obligaban a cometer abortos.
Además, señaló que el maltrato físico, psicológico y sexual del que fueron víctimas los menores de al menos 14 albergues (que están siendo investigados), eran cometidos por los internos y el personal a cargo.
Cabe mencionar que, desde que se hizo público el escándalo que llamó la atención de toda la región, esta es la primera vez que una autoridad brinda detalles –aunque sea vagamente–sobre los responsables y su modo de operar para cometer los mencionados vejámenes. Inclusive, esta declaración generó controversia entre la prensa nacional y la diputada Rodríguez, ya que hay periodistas quienes le acusan de hablar solo para medios internacionales.
Lo dicho por Zulay Rodríguez concuerda con la versión entregada a la agencia Sputnik la trabajadora social y activista Yuri Pittí, quien responsabilizó al sistema de propiciar estos abusos en los albergues infantiles del país.
"La situación en los albergues es apenas una pieza en un rompecabezas social complejo, fruto de un sistema que define quién importa y quién no, y al que no le interesan la niñez y la vida más que como eslogan", aseguró Pittí.
Responsables de casos de abuso en albergues infantiles
En particular, las críticas se han concentrado en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Panamá (Senniaf), cuyas autoridades tratan de salvar responsabilidades alegando que los albergues son administrados por organizaciones no gubernamentales e iglesias.
"Vemos el esfuerzo del Gobierno por hacer ver que la culpa es de quienes administran los albergues, pero el Estado da los permisos de operación y tenía la responsabilidad de supervisar y verificar el bienestar de los menores", replicó Pittí.
Para la educadora, esta crisis responde además a la desprofesionalización imperante en tareas sensibles de la sociedad, fruto de gobiernos que asumen las instituciones como una suerte de cartera de empleos para sus allegados, sin tomar en cuenta sus capacidades.
"La falta de funcionarios calificados crea una gran barrera para que las instituciones cumplan con tareas tan sensibles como atender poblaciones vulnerables, sobre todo niños y niñas", señaló la también docente en participación ciudadana.
Por ahora, continúan las manifestaciones ciudadanas que reclaman claridad en estos hechos y piden que los responsables sean juzgados por la justicia panameña.
