En un nuevo episodio del escándalo conocido como el “Carrusel de la Contratación”, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, que buscaba postergar la audiencia de acusación contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, programada para el 26 de mayo.
La petición fue realizada por el fiscal séptimo delegado ante la Corte, quien se encuentra encargado del despacho mientras el fiscal titular disfruta de su periodo de vacaciones. Sin embargo, el alto tribunal consideró que no existía una justificación válida para aplazar la diligencia judicial.
El magistrado Jorge Emilio Caldas, ponente del caso, fue enfático en su decisión: “No se ofrece ninguna justificación razonable que le impida asistir al señor Fiscal encargado. Por el contrario, el mismo ente acusador, previendo evitar traumatismos en el avance de los procesos a cargo de la Fiscalía 7ª delegada ante esta Corporación, optó por designar reemplazo de quien funge como su titular mientras está disfrutando de su periodo de vacaciones”.
El togado también subrayó que es deber de la Fiscalía tomar las medidas necesarias para garantizar el desarrollo adecuado de las audiencias y evitar su fracaso, especialmente en casos de alto impacto como este.
Acusaciones contra Antonio Sanguino
El ministro Antonio Sanguino deberá enfrentar a la justicia por presuntos actos de corrupción que se remontan a su periodo como concejal de Bogotá, entre los años 2008 y 2011, durante la administración del fallecido exalcalde Samuel Moreno Rojas, quien fue uno de los protagonistas del “Carrusel de la Contratación”.
Según la investigación liderada por la Fiscalía, Sanguino habría intervenido para lograr el nombramiento de una persona de su entera confianza como gerente del Hospital de Usme. Tras la designación, el entonces concejal habría participado en reuniones con un contratista específico, con el objetivo de adjudicar de manera irregular un contrato por más de 15.020 millones de pesos destinado a la construcción y adecuación de una nueva sede para dicho hospital.
Lo más grave del caso es que, de acuerdo con el ente acusador, este direccionamiento incluyó un acuerdo ilegal: el contratista beneficiado debía entregar una comisión del 10% del valor del contrato, es decir, una coima cercana a 1.500 millones de pesos, lo que constituye un presunto acto de corrupción que afecta directamente los recursos públicos destinados a la salud.
Repercusiones políticas
El caso ha generado fuertes repercusiones políticas para el Gobierno Nacional, que aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación del ministro. No obstante, distintos sectores ya han comenzado a exigir su renuncia mientras se aclaran los hechos en los estrados judiciales.
Analistas políticos advierten que, si bien Sanguino tiene derecho a la presunción de inocencia, su permanencia en el cargo mientras enfrenta una acusación formal por corrupción podría debilitar la imagen del Ejecutivo en medio de un escenario de alta sensibilidad pública respecto al manejo de recursos estatales.
La audiencia del próximo 26 de mayo será clave para definir el rumbo del proceso judicial y, posiblemente, del futuro político de Antonio Sanguino. La Corte Suprema, por ahora, ha dejado claro que no permitirá dilaciones injustificadas en este tipo de casos que involucran a altos funcionarios del Estado.
