Recientemente, la senadora Martha Peralta Epieyú, representante del Pacto Histórico, ha sido vinculada en un escándalo de presunta corrupción que involucra la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en un contrato de $2.170 millones para la recuperación de la ciudad de Riohacha, La Guajira.
La Fiscalía, a través de la delegada Andrea Muñoz, ha advertido sobre el posible interés indebido de la senadora en dicho contrato, lo que ha generado un intenso debate en la opinión pública sobre los vínculos entre políticos, contratistas y entidades estatales en Colombia.
Un Contrato de maquinaria para Riohacha
Según la Fiscalía, el 19 de septiembre de 2023, Martha Peralta habría sostenido una reunión con Olmedo López y Sneyder Pinilla, dos exdirectivos de la UNGRD, y con los contratistas Isaac Francisco Riscala Lozano y Jorge Riscala Muvdi, propietarios de la empresa Inversiones IRL SAS, que ofrece maquinaria amarilla para obras públicas. Durante este encuentro, que se habría realizado en las instalaciones de la UNGRD, la senadora habría influido para direccionar el contrato de $2.170 millones hacia los mencionados contratistas, con el objetivo de que se encargaran de la maquinaria necesaria para el mantenimiento de jagüelles en la región.
La fiscal Andrea Muñoz explicó que este encuentro habría tenido el propósito de asegurar que los contratistas Riscala lograran quedarse con la adjudicación del contrato, un acto que constituiría una clara violación a las normas sobre la contratación pública. La acusación señala que Peralta, a través de sus contactos, habría favorecido a los empresarios en detrimento de la transparencia y la libre competencia en la adjudicación de contratos.
¿Otras denuncias?
Este no es el primer caso de presunta corrupción en el que Peralta está involucrada. A principios de 2024, se destapó un caso que involucraba la presunta desviación de fondos de un contrato de $20.400 millones para ollas comunitarias en La Guajira, los cuales habrían sido utilizados para financiar campañas políticas, entre ellas la de la alcaldesa Nera Robles, vinculada al partido MAIS, y con una supuesta participación de Peralta y el representante Juan Loreto Gómez, del partido Conservador. Además, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el senador Julio Elías Chagüi también han sido señalados en este entramado de corrupción.
La respuesta de la senadora Martha Peralta
Ante los señalamientos, la senadora Peralta ha rechazado categóricamente las acusaciones y defendido su inocencia. En una declaración emitida el 18 de marzo de 2025, afirmó que nunca ha sostenido reuniones o acuerdos con Olmedo López, Sneyder Pinilla ni con ningún contratista de la UNGRD con la intención de direccionar contratos o favorecer intereses particulares. Además, resaltó que no existe ninguna investigación formal, imputación o acusación en su contra por parte de las autoridades competentes.
Peralta aclaró que la imputación presentada por la Fiscalía se refiere únicamente a los señores López y Pinilla, quienes son los principales implicados en el caso, y enfatizó que el proceso judicial se encuentra en una etapa preliminar, sin conclusiones definitivas. La senadora expresó su respeto por las instituciones judiciales y reiteró su confianza en que su actuación es completamente transparente y ajustada a la ley.
El escándalo ha tenido un fuerte impacto político en Colombia, ya que salpica a varios personajes cercanos al gobierno actual y pone en evidencia las posibles redes de corrupción dentro de la administración pública. Si bien Peralta ha negado cualquier vinculación con los hechos, su nombre sigue siendo mencionado en relación con otros casos de desvío de recursos, lo que genera dudas sobre la eficacia de las políticas anticorrupción.
La Fiscalía continúa investigando los hechos, mientras que la senadora, por su parte, mantiene su postura de inocencia y asegura que se defenderá en el marco de la ley.
