El presidente Gustavo Petro negó la existencia de supuestos informes de inteligencia que involucrarían al general Juan Miguel Huertas y al director de la DNI, Wilmer Mejía, en presuntos nexos irregulares con grupos armados. En un mensaje publicado en sus redes sociales, afirmó que dichas versiones “son falsas” y que se trataría de un intento por remover a funcionarios que han contribuido a identificar casos de corrupción dentro de la fuerza pública.
Defensa a Huertas y Mejía
Según el presidente, las filtraciones sobre presuntos vínculos de Huertas y Mejía con actividades ilegales no corresponden a información real. Sostuvo que las acusaciones están dirigidas a funcionarios que han colaborado con su gobierno para detectar irregularidades en sectores del Ejército, particularmente en el manejo de armamento y en la entrega de permisos para empresas de seguridad privadas.
Petro señaló que “quieren purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos” y mencionó como ejemplo casos de robo de armas en La Guajira y el otorgamiento irregular de permisos a compañías de seguridad supuestamente utilizadas por estructuras criminales. Indicó que, en operaciones recientes, se han encontrado escoltas oficiales en zonas donde se capturan bandas, junto con empresas de seguridad “legales al mando de criminales”.
El presidente aseguró que ese “negocio” —el que describió como la entrega de permisos a compañías dirigidas por delincuentes— fue detenido durante su administración. Afirmó que la suspensión habría frenado “miles de millones de pesos de sobornos”, lo que explicaría, según él, las reacciones actuales dentro de algunos sectores de la fuerza pública.
Petro también comparó la situación con el gobierno anterior. Dijo que durante la administración del expresidente Iván Duque la entrega de permisos a organizaciones criminales habría sido “masiva” y que dicho esquema buscó mantenerse, hasta que su gobierno lo bloqueó.
Llamado a publicar informes de inteligencia
En su mensaje, Petro pidió que “todas las agencias de inteligencia hagan públicos sus informes en el tiempo prudencial”, planteando que la información no debe ser usada políticamente. Aseguró que la contrainteligencia debe funcionar para “detectar” vínculos irregulares entre oficiales del Ejército y la Policía, no para filtrar datos con fines políticos.
El presidente insistió en que los supuestos informes filtrados se producen, justamente, contra quienes —según él— han denunciado la corrupción dentro de la fuerza pública. “Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la fuerza pública”, escribió.
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El pronunciamiento ocurre en medio de un ambiente de declaraciones cruzadas entre distintas entidades del sector defensa. Aunque Petro no menciona una fuente específica, su mensaje llega tras la circulación pública de información que involucra a miembros del Ejército y de la inteligencia estatal en presuntos contactos con estructuras criminales.
Las afirmaciones del presidente se concentran en defender a los funcionarios señalados, insistir en la falsedad de los informes y recalcar que su gobierno frenó prácticas irregulares ligadas a permisos de seguridad y redes de corrupción.
