En repetidas ocasiones, los habitantes de Bogotá han denunciado ser víctimas de abuso por parte de las autoridades debido a las famosas fotomultas. Aunque este sistema fue desaprobado por la misma Corte Constitucional, miles de conductores afirman que el Distrito las sigue emitiendo y estarían recibiendo dinero de ello.
Distribuidas por varios puntos de la capital, se encuentran las cámaras de seguridad que capturan fotografías de los conductores infractores para que, posteriormente, se radique el respectivo comparendo. El documento llega al hogar del usuarios, sin previo aviso, y deben dirigirse a una sede de la Secretaría de Movilidad para cancelar el monto asignado.
Debido a las constantes denuncias por parte de los ciudadanos, las fotomultas fueron consideradas como ilegales por parte de la Corte Constitucional y se informó que sería necesario que los infractores fueran detenidos en flagrancia para que pudiese radicar el comparendo.
Sin embargo, miles de ciudadanos siguen recibiendo estos documentos y, aunque muchos de ellos han denunciado y han tenido éxito, otras personas deciden hacer el pago para evitar largos trámites, a lo que la Secretaría de Movilidad no se ha opuesto ni ha devuelto el dinero.
En una entrevista con la revista 'Semana', Hugo Ospina, representante de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis (Asoprotax), afirmó que puso una denuncia oficial contra la Secretaría, por presunto fraude a Resolución judicial, desde marzo del año pasado.
“La Secretaría de Movilidad de Bogotá está incumpliendo el fallo de la Corte Constitucional. La Secretaría de Movilidad está actuando como la guerrilla en la época de las pescas milagrosas. Cuando lo cogen a usted y lo miran y lo esculcan, si no tiene plata o no se saben defender, allá lo dejan y si se sabe defender los sueltan y no le cobran absolutamente nada”, señaló Ospia.
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La revista mencionada anteriormente contactó también a la Secretaría de Movilidad, la cual aclaró que esta medida tiene como fin principal proteger la integridad de los ciudadanos y no ganar dinero: “Las cámaras tienen el propósito de salvaguardar la vida de todos los ciudadanos y en la Secretaría de Movilidad hemos venido cumpliendo lo ordenado en el fallo de la Corte Constitucional, que señala que las fotomultas deben asignarse a la persona que va conduciendo en el momento de la infracción y no al dueño del vehículo".
Así mismo, la entidad argumentó que, en los casos que se han presentado estas fotomultas, el propietario del vehículo es citado a un proceso contravencional con el fin de que pueda dar sus declaraciones sobre lo ocurrido, ser investigado y, si se encuentra alguna irregularidad, el usuario estaría en total derecho de apelar.
Por otra parte, la Secretaría reveló que, tan solo en 2022, se han radicado 85.294 comparendos con cámara de seguridad, de los cuales han sido exonerados solo 18.500. Esta cifra reúne un monto total de 22.453.281.488 pesos.
No obstante, las personas que han pagado este comparendo, porque no tienen conocimiento de la norma de la Corte Constitucional o porque desean evitar trámites, no han recibido una devolución del dinero, aún teniendo en cuenta que este sistema es ilegal.
