La Fiscalía General de la Nación anunció que solicitará la audiencia de imputación de cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión, confirmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, marca un nuevo capítulo en el escándalo que ha salpicado a exfuncionarios y contratistas vinculados a la entidad.
Según explicó Camargo, la Fiscalía definió avanzar en este paso procesal por los presuntos delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos, al considerar que existen elementos que ameritan llevar el caso ante un juez de control de garantías. La funcionaria señaló que la fiscal delegada María Cristina Patiño sería la encargada de presentar la solicitud formal este miércoles.
“Se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación que probablemente contra Ricardo Bonilla, que probablemente el día de mañana debe estar radicando la fiscal María Cristina Patiño”, afirmó la fiscal general ante medios de comunicación. Aunque Camargo no entregó detalles sobre el material probatorio, aseguró que la entidad ha avanzado en el análisis de documentos, testimonios y contratos asociados a las actuaciones de la UNGRD durante el periodo investigado.
La imputación contra Bonilla se sumaría a las medidas ya tomadas contra otros exdirectivos de la entidad, quienes enfrentan procesos por presuntos pagos irregulares, favorecimientos contractuales y posibles direccionamientos en la adjudicación de proyectos estratégicos. El caso ha generado preocupación institucional, dado que la UNGRD es el organismo encargado de coordinar la atención a emergencias y desastres en el país, lo que hace especialmente sensibles los recursos que administra.
De acuerdo con las investigaciones, parte de los contratos bajo escrutinio habrían sido gestionados con presunta intervención indebida de funcionarios para beneficiar a determinadas empresas o personas, lo que podría configurar el patrón de irregularidades que hoy revisa la Fiscalía. Aunque hasta ahora no se conocen de manera pública los detalles específicos de la conducta atribuida a Bonilla, la imputación busca que el exministro responda ante la justicia y esclarezca su rol en los hechos investigados.
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El proceso también se inscribe dentro de una línea más amplia de investigación abierta por el ente acusador sobre el funcionamiento interno de la UNGRD, sus mecanismos de contratación y posibles fallas en los controles administrativos. Según fuentes del organismo, la Fiscalía ha priorizado este expediente por la gravedad de las denuncias y el impacto potencial en la gestión de recursos destinados a la atención humanitaria.
La audiencia de imputación será el escenario donde la Fiscalía expondrá formalmente los hechos jurídicos relevantes y los delitos atribuidos. Bonilla, por su parte, podrá ejercer su derecho a la defensa y controvertir las acusaciones. El caso, que ha generado amplio interés público, podría avanzar hacia nuevas etapas judiciales dependiendo de las decisiones que tome el juez competente.
