En horas de la mañana del día de hoy, domingo 10 de julio, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luis Guillermo Pérez, presentó a través de su cuenta en Twitter una propuesta detallada de lo que sería una sólida guerra contra las drogas y el narcotráfico en el país.
Pérez, quien es abogado de la Universidad Nacional, con maestría del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo en Análisis de Problemas Económicos y Políticos Contemporáneos y quien ha sido defensor de derechos humanos durante 30 años, propuso la creación de un ministerio de Justicia y Derechos Humanos, enfocado a nivel interno e internacional en terminar “la guerra contra las drogas”.
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Debido a que, según él, el actual mecanismo empleado por el Estado para reducir los cultivos y el narcotráfico en el país: “lejos está de disminuir el consumo y la producción”. Además, sostuvo que “han criminalizado a las comunidades vulnerables, estigmatizado y perseguido a los consumidores, vulnerado la soberanía nacional y generando escenarios múltiples de corrupción y de violencia”.
En este sentido, el magistrado sostuvo que según Informe Mundial sobre las Drogas 2021, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, alrededor de 275 millones de personas en el mundo utilizaron drogas durante el último año (2021), de los cuales 36 millones sufren trastornos por consumo de drogas (13%).
Razón por la cual, la Organización Global Financial Integrity (GFI) en informe para el Congreso de Estados Unidos, señaló que cubrir la demanda de drogas para el consumo de 275 millones de personas le genera al narcotráfico entre 80.000 y 90.000 millones de dólares al año teniendo en cuenta solamente el flujo financiero ilícito de EE. UU, México y Colombia.
Adicionalmente, Pérez señaló una serie de tratados y convenciones como: “Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, enmendada por el Protocolo de 1972; Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988”.
Que avanzaron en diversos temas como: “eliminar el consumo de opio en 15 años de la coca y cannabis en un plazo de 25 años (...) reforzar la obligación de los países de imponer sanciones penales para combatir todos los aspectos de la producción ilícita, posesión y tráfico de sustancias psicoactivas (...) impuso una estructura de fiscalización menos rígida respecto de las sustancias con potencial de dependencias sintetizadas de forma química”.
Aspecto que evidenciaron que el sistema en su conjunto es claramente intolerante y prohibicionista en lo que respecta a la producción y oferta de estupefacientes, exceptuando la producción y oferta para fines médicos y científicos. Estas disposiciones colocaron una carga especialmente pesada sobre los países productores tradicionales de Asia, América Latina y África, en donde se concentraba en aquella época el cultivo y el uso tradicional generalizado de adormidera para opio, hoja de coca y cannabis. Es decir, el sistema dio origen al mercado ilegal de la drogas en el mundo.
Además, aseguró que el incremento de la demanda de cannabis, cocaína y heroína con fines no terapéuticos, en países desarrollados, propició que en los países donde se habían cultivado tradicionalmente estas plantas surgiera un fenómeno de producción ilícita a gran escala para abastecer ese mercado.
Ante esta situación, Luis Guillermo Pérez propuso que una solución internacional al problema de drogas en Colombia puede venir de la mano del artículo 41 de la Convención de Viena, que dice: “Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre algunas de las partes únicamente''. 1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas”.
De ello, señaló que “un acuerdo entre países como estos para modificar el tratado y permitir el comercio entre ellos sería difícil de cuestionar con el argumento de que afecta a los derechos de las otras Partes”, y agregó: “todas las disposiciones de los tratados –incluyendo las del cannabis– permanecerán en vigor para las partes firmantes del tratado que no forman parte del acuerdo entre Partes”.
