La Corte Constitucional está estudiando una demanda del ciudadano Juan Manuel Santos y otras personas contra el llamado Pacto de Bogotá, por el cual Colombia se vio obligada a aceptar el fallo de la Corte de La Haya sobre el territorio marítimo del Atlántico, que pasó a Nicaragua.
El argumento de la demanda es que, según la Constitución, sólo el Congreso de la República puede modificar los límites nacionales y que en este caso el fallo de la Corte Internacional cambió nuestro mapa, lo cual sería inconstitucional.
Ya existe una ponencia en la Corte, la cual analiza todo el panorama jurídico y las circunstancias antes y después de la constitución del 91. Considera que la Ley que reglamentó el Pacto de Bogotá vulneraría la Constitución. Dice que el Tratado ya fue demandado por el Gobierno y por lo tanto Colombia no está obligada a observarlo. Sin embargo, los actos anteriores a esa demanda sí deben cumplirse. Puesto que el Tratado no tiene obligatoriedad, la Corte considera que declarar inconstitucional la ley que lo reglamenta, sería inocuo.
De todas formas, considera la ponencia, una sentencia interna de Colombia no puede servir de pretexto para desacatar el fallo internacional. Por ese motivo, varios magistrados han propuesto que la Corte produzca un fallo inhibitorio.
