Han pasado cuarenta años desde aquel 13 de noviembre de 1985 cuando el reloj marcaba las 3:06 p.m. en el municipio de Armero (Tolima). El olor azufrado proveniente del volcán Nevado del Ruíz, combinado con una lluvia extraña, compuesta por ceniza y pequeñas piedras, se apoderó de las calles y se intensificó a lo largo de la tarde.
La noche llegó… eran las 7:00 pm. y un mensaje urgente de la Cruz Roja en la radio local pedía la evacuación inmediata del pueblo. Dos horas después, a las 9:08 p.m. ocurre la explosión en el cráter con emisión de piroclastos (fragmentos sólidos de roca expulsados durante una erupción volcánica).
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22 minutos más tarde y a lo largo de 20 minutos más, hasta las 9:50 p.m., se produjo la mayor fase de la erupción. Fue solo hasta las 11:35 p.m. que los lahares, aquellos flujos de lodo y escombros volcánicos, sepultaron por completo a Armero.
El león que rugió después de 140 años
El Nevado del Ruiz, también conocido como ‘El león dormido’, volvió a registrar actividad sísmica, después de 140 años. Fue hasta el 22 de diciembre de 1984, fecha en la que tres sismos se registraron en esta zona del país, que las alarmas se encendieron nuevamente, desafortunadamente, sin mayor trascendencia hasta el día de la tragedia.
En la mañana de aquel 14 de noviembre todo era desolación, el alud que tapó por completo Armero y los territorios aledaños evidenció la magnitud de este suceso, la tristeza que embargó a más de 25.000 familias que perdieron sus seres queridos. Sin embargo, la pregunta que rondaba en todo el país era ¿se pudo prevenir? Años después, la respuesta es sí, pues se convertiría en la más grande lección que le dejó al país.
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De la catástrofe a las políticas públicas
La primera respuesta nacional del Estado a este hecho fue la Ley 46 de 1988, que creó el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD). Dicha norma, establecería las bases la política nacional de gestión del riesgo de desastres y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que rige actualmente el país bajo la Ley 1523 de 2012.
“En 1988 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y en el 2012 se crea la Ley 1523, que da al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo las responsabilidades que tienen las autoridades y cada uno de los habitantes colombianos frente a esta respuesta y atención”, dijo la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Ericka Lozano.
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Con esta ley, el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, llamaría la atención de la comunidad y el sector público-privado, sobre la importancia de generar conciencia para evitar hechos que pudieran provocar pérdida de vidas o afectaciones para los colombianos.
¿40 años más preparados?
Hoy Colombia cuenta con una capacidad técnica y científica más robusta, explican las autoridades. El Servicio Geológico Colombiano (SGC), por ejemplo, opera una red nacional de monitoreo en tiempo real, actualiza los mapas de amenaza y define los estados de alerta.
Por su parte, la UNGRD impulsa protocolos y sistemas de alerta temprana y, desde 2023, coordina el Plan Nacional de Respuesta ante la Actividad del Nevado del Ruiz, que establece acciones de preparación, zonas de evacuación y tiempos de respuesta ante eventuales flujos de lahares.
“Colombia está más preparada que en 1985, pero la gestión del riesgo exige mantener una constante financiación, preparación y apropiación social del conocimiento del riesgo para proteger la vida”, explican desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
El rol de los organismos de socorro
Pese a los avances legislativos logrados en las últimas cuatro décadas, aún queda un largo camino por recorrer, especialmente en la profesionalización de los cuerpos de socorro del país.
Según Ericka Lozano, estos equipos de emergencia “han disminuido en el voluntariado. La mayoría son personas longevas que, si bien tienen un don de servicio, no tienen las fuerzas para brindar apoyo”.
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La especialista destacó la importancia de vincular a nuevas generaciones y de garantizar una verdadera remuneración a quienes integran estas entidades, pues “los pensamos solamente cuando los necesitamos, pero no sabemos la importancia que tienen en estos casos”.
Precisó que “la prevención es el resultado más importante de poder tener una respuesta adecuada y oportuna para que tragedias como la de Armero no vuelvan a ocurrir”.
