Cajicá vive momentos de profunda consternación tras la confirmación del fallecimiento de Valeria Afanador, la niña de 10 años que había sido reportada como desaparecida el pasado 12 de agosto. Mientras el Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio al que pertenecía la menor, declaró que atraviesa el episodio más doloroso de su historia, la familia Afanador Cárdenas denunció públicamente graves irregularidades en el manejo de la investigación por parte de las autoridades.
En un comunicado divulgado este viernes, el colegio expresó que la ausencia de Valeria deja un vacío imposible de llenar y que toda la comunidad educativa se encuentra de luto.
“Hoy nuestro corazón está herido. Este episodio constituye el momento más doloroso en la historia de nuestra institución. Jamás contemplamos tener que enfrentar una situación tan devastadora, que hiere lo más profundo de nuestra vida institucional y de cada persona que hace parte de ella”, señaló la institución.
El colegio aseguró que acompañará a la familia en lo que sea necesario y reiteró su compromiso con la búsqueda de la verdad sobre lo sucedido.
Familia denuncia negligencias estatales
Por su parte, la familia Afanador Cárdenas emitió un comunicado en el que manifestó indignación frente a lo que considera omisiones imperdonables por parte de la Fiscalía, el CTI y la Policía Nacional en el proceso de búsqueda.
Según relataron, la circular amarilla de Interpol, clave para la localización de Valeria, se emitió siete días después de la desaparición, lo que calificaron como un retraso injustificado. Además, señalaron que no se activaron de manera inmediata protocolos como el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, diseñado para garantizar medidas urgentes de protección a los menores.
“Cada minuto perdido en la búsqueda de Valeria agrava el riesgo sobre su vida e integridad. Nos llena de rabia e incredulidad que, ante la posible desaparición forzada, la Fiscalía no haya desplegado todas sus fuerzas desde el primer día”, expresó la familia en el comunicado.
La denuncia se suma a las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que ya había señalado “graves deficiencias” en el manejo del caso y un incumplimiento del deber estatal de protección integral.
Exigencia de verdad y justicia
La familia hizo énfasis en que la Constitución y la Convención sobre los Derechos del Niño obligan al Estado a garantizar la vida, seguridad e integridad de los menores, por lo que exigieron que el caso no quede en la impunidad.
“Valeria merece ser encontrada con vida y sus derechos deben ser prioridad. Las evidencias apuntan a omisiones y negligencias imperdonables por parte de aquellos a quienes pagamos para proteger a los ciudadanos”, subrayaron.
En medio del dolor, tanto la familia como el colegio pidieron fortaleza a la comunidad y reclamaron que se esclarezcan las circunstancias de la desaparición y muerte de Valeria.
Mientras avanzan las investigaciones, Cajicá y el país entero permanecen conmocionados por la tragedia de una niña cuya ausencia ha marcado profundamente a su familia, a su institución educativa y a toda la sociedad.
