El conflicto armado en Colombia deja 490.886 víctimas de comunidades indígenas desde 1985 hasta este miércoles 10 de diciembre.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas expuso en un informe la “grave crisis humanitaria” que atraviesan los 115 pueblos indígenas en dicho periodo.
El dato se conoce en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Según el informe, entre los hechos sistemáticos más relevantes que se denuncian están el desplazamiento forzado, acciones extractivas en territorios indígenas, deforestación, asesinatos a líderes y lideresas indígenas, amenazas y atentados contra defensores de DDHH, abuso sexual, confinamiento y otros.
“Así mismo, entre marzo y junio de 2020, se registraron 6.468 casos de personas asesinadas en varios hechos victimizantes”, dice el documento.
- Le puede interesar: Ahorrar en tiempos de crisis
- No se pierda: Este es el precio de los Air Jordan 1 de J Balvin en Colombia
Sumado lo anterior, la Comisión denuncia que la crisis humanitaria por COVID 19 deja un balance de 844 personas fallecidas, afectando a 73 pueblos indígenas, según los reportes del Instituto Nacional de Salud.
Por hechos victimizantes, el desplazamiento forzado deja 256.610 víctimas; las amenazas 23.340; el homicidio 18.329; actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos, 8.900; la desaparición forzada 3.260; abandono o despojo forzado de tierras 867; secuestro 593, entre otros.
Ante estos hechos, los pueblos indígenas en Colombia le exigen al Gobierno de Iván Duque reconocer la “sistematicidad de la violación de los derechos humanos” y solicitan adoptar medidas urgentes utilizando el mecanismo de emergencia para “prevenir los riesgos contra la vida, los territorios y los pueblos indígenas”.
También exigen el cumplimiento del Acuerdo de Paz, especialmente la implementación del capítulo étnico; voluntad política frente al decreto de Protección de los Pueblos Indígenas, “el cual debe tener un trámite expedito”; la adecuación, ajuste e inclusión del enfoque diferencial en los mecanismos de atención propuestos por parte del Gobierno, entre otros.
