La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) alertó el riesgo que representa para el país el "inminente desfinanciamiento del sistema de salud" para 2023 por recortes en el Presupuesto General de la Nación (PGN).
Según ese gremio, el riesgo se debe a que la ministra de Salud, Carolina Corcho, planteó en el Congreso colombiano una reducción de la asignación de recursos adicionales para el próximo año, que pueden bajar de 8,1 a 3,8 billones de pesos.
"Reducir el flujo de recursos en el sistema agravaría los problemas de cartera y afectaría a los prestadores, al personal médico y al usuario, este último la mayor preocupación que tenemos", advirtió la presidenta ejecutiva de Acemi, Paula Acosta.
La ejecutiva también recordó que dejar sin financiación los títulos de aseguramiento dentro del Presupuesto General de la Nación supone un problema estructural que involucra a hospitales públicos y privados, laboratorios, farmacéuticas, médicos especialistas, trabajadores del sector de la salud y aseguradores.
"El efecto en cadena afecta sobre todo a los millones de usuarios de este Sistema, que al día presta cerca de 2,2 millones de atenciones", explicó.
Además de lo anterior, dijo Acosta, se estima que durante el próximo año seguirá creciendo el uso de servicios de la salud por tendencias como el envejecimiento de la población, la entrada de nuevas tecnologías y el poscovid, "que sumados a la inflación, devaluación e incremento del salario mínimo, generan aumentos en costos de atenciones de salud".
La Acemi calcula que se requieren al menos 76 billones de pesos para financiar los servicios cubiertos en los regímenes subsidiado y contributivo, y 4,88 billones de pesos para financiar las tecnologías no cubiertas en el plan de beneficios.
En este sentido, la Acemi afirma que el sistema arrastra un déficit de recursos y con la propuesta de la ministra Corcho se agudiza y se pone en riesgo la garantía del derecho a la salud de los colombianos.
Por todo lo anterior, la Acemi hizo un llamado al Gobierno y a las comisiones económicas del Congreso para que tengan en cuenta las necesidades de salud de la población en las decisiones que tendrán que tomar frente al presupuesto para 2023.
