La tortura ha sido un mecanismo utilizado por los gobiernos autoritarios para forzar, por medios ilegítimos y reprensibles, una confesión por parte de la víctima, o para presionar a un allegado para que este confiese lo que sea que a los torturadores y a sus mandatarios les interese en un determinado momento.
En la trágica historia de las dictaduras en Venezuela fue frecuente el uso de diversas formas de tortura para controlar y desestimular a una oposición democrática. Pero incluso en la aplicación de torturas había ciertos límites y uno que se solía cumplir, generalmente, era que a las mujeres se les respetaba y no se les torturaba.
En estos últimos 20 años el Foro Penal venezolano ha recibido numerosas denuncias de torturas a las que han sido sometidas algunas presas políticas. Un caso notorio fue el de la juez Afiuni. Ahora, denuncia por Twitter la fiscal Luisa Ortega Díaz que la pareja del detenido general Miguel Rodríguez Torres, quien fue presuntamente secuestrada por funcionarios del Estado en La Grita, y de la que no se tiene información de su sitio de reclusión, ha sido objeto de torturas crueles, tal vez para quebrar la voluntad de ese importante preso del régimen.
Sea esto cierto o no, es fundamental que el Estado permita que los organismos de derechos humanos, nacionales o internacionales, puedan constatar que las personas que han sido arbitrariamente detenidas y de las que no se sabe a ciencia cierta su paradero, estén en buenas condiciones físicas e intelectuales y tengan libre acceso a la justicia.
