La ofensiva aérea realizada en Guaviare el 10 de noviembre, autorizada por el presidente Gustavo Petro, continúa generando un profundo debate nacional. El operativo, dirigido contra las disidencias de las FARC controladas por alias Iván Mordisco, dejó 19 guerrilleros muertos, entre ellos siete menores reclutados, convirtiéndose en el bombardeo más letal desde la llegada del mandatario al poder en 2022.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, este episodio hace parte de una cadena de operaciones: en el último año y medio, el Gobierno ha ordenado al menos doce bombardeos contra estructuras armadas, y solo desde agosto, quince menores han muerto en cuatro de estos ataques, incluidos los del Guaviare.
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La contradicción que persigue al Ejecutivo
Las cifras alimentaron un fuerte choque político contra Petro, quien como opositor criticó repetidamente a gobiernos anteriores por bombardear campamentos donde había menores. Hoy, enfrentado a disidencias en expansión, el presidente sostiene que sus decisiones se enmarcan en el Derecho Internacional Humanitario, incluso “ante el tratamiento al menor combatiente”.
Aunque pidió perdón a las familias de los niños fallecidos, rechazó la solicitud de la Defensoría del Pueblo para suspender los bombardeos en zonas donde pueda haber menores. “Si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas”, aseguró en X, mientras organismos internacionales alertan que Colombia atraviesa uno de los picos más altos de reclutamiento forzado desde la firma del acuerdo de paz de 2016.
El reclutamiento se dispara: una pandemia silenciosa
Hoy, en el país, cada 20 horas un menor es reclutado o utilizado por grupos armados. Entre 2019 y 2024, este delito se incrementó un 300 %, según Unicef, que advierte que las redes sociales se han convertido en un nuevo escenario de captación.
El Cauca, una de las zonas más golpeadas por el conflicto, concentra más de la mitad de los casos. Para organizaciones locales, los bombardeos del Guaviare solo intensificaron las tensiones, pues el departamento es un bastión de las estructuras de Mordisco.
“Todo el Cauca quedó en jaque”, explica Sofía López, representante del Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, que en noviembre presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para exigir la suspensión de bombardeos y una política efectiva contra el reclutamiento. La acción fue declarada improcedente, pero López asegura que sentó bases para avanzar hacia instancias superiores.
Guardia Intercultural Humanitaria: resistencia desde el Cauca
Ante la ausencia estatal, mujeres del Cauca conformaron la Guardia Intercultural Humanitaria, un mecanismo comunitario para rastrear a menores reclutados o desaparecidos. En poco más de un año, lograron recuperar cinco niños, una tarea que, según su fundadora Emilse Jiménez, debería asumir el Estado.
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Jiménez perdió a su sobrino en 2021, reclutado a los 15 años y presuntamente fusilado. Desde su escuela en Buenos Aires (Cauca), denuncia que el reclutamiento “se agudizó” en el último año: “Hace quince días llegaron al colegio ofreciendo tres millones de pesos, armas, moto y comida”.
Investigaciones, vacíos legales y críticas al Gobierno
De acuerdo con datos oficiales recogidos por el Movimiento de Madres y Mujeres por la Paz, en el Cauca existen 709 investigaciones activas por reclutamiento desde 2022; más del 70 % corresponde a denuncias de 2023 y 2024. No obstante, las cifras reales podrían llegar a 1.200 o 1.300 casos.
López señala un “despelote normativo” y recuerda que Petro designó al general retirado Pedro Sánchez Suárez como ministro de Defensa, el primer exmilitar en ocupar el cargo en más de tres décadas. La tutela presentada también cuestiona el “aval implícito” del Gobierno a operaciones que ponen en riesgo a la niñez.
“Un gobierno que no busca a sus niños no está legitimado para bombardearlos”, sentencia López.
*Con información de EFE*
